Hugo Maldonado exige explicaciones al Gobierno y denuncia blanqueo de capitales en caso Koriun

En medio del creciente escándalo por la estafa millonaria de la empresa Koriun Inversiones, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, lanzó fuertes señalamientos contra el gobierno y las instituciones del Estado, exigiendo respuestas claras sobre el destino de los fondos y la aparente red de encubrimiento.

“¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la plata de los 348 millones que aportaron más de 30 mil hondureños?”, cuestionó Maldonado al denunciar que ni el Ministerio Público, ni la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), ni la Administración Tributaria (SAR), ni la Comisión Nacional de Valores han explicado con precisión qué ocurrió con los fondos manejados por Iván Velásquez Castro, gerente de Koriun, y su entorno.

Según el defensor de derechos humanos, no es justo que el gobierno pretenda ahora usar los impuestos de los hondureños para pagar a las víctimas. “Yo aporté al Estado cuando compré esta camisa, este chaleco y estos zapatos. 

Ese dinero no es para cubrir negocios fallidos donde nadie les puso un arma en la cabeza para invertir. 

Las víctimas no son ni socios, ni voluntarios importantes del Estado”, afirmó con contundencia.

Maldonado también denunció que durante la intervención a la empresa, se retiraron 50 mil dólares del vehículo de Velásquez Castro y luego, en lugar de confiscarlo, se lo devolvieron, un acto que consideró como “blanqueo de capitales”.

Además, exigió que el requerimiento fiscal no solo sea para Velásquez y su esposa, Kefi Gavarrete —quien guarda prisión por el delito de lavado de activos—, sino que se amplíe a los funcionarios que permitieron que la estafa avanzara: desde la CNBS, hasta el Ministerio Público y la SAR.

“Estamos viendo cómo florece la impunidad en Honduras. Aquí se protege a quienes manejan millones, pero si usted deposita 10 mil le congelan las cuentas. ¿Qué clase de justicia es esa?”, señaló Maldonado.

Finalmente, advirtió que este escándalo debe ser investigado a fondo, incluso en sus posibles vínculos con el crimen organizado y estructuras políticas, ya que la escritura pública de constitución de la empresa solo menciona a Velásquez como comerciante individual, sin más responsables visibles.

El defensor concluyó exigiendo transparencia, rendición de cuentas y una verdadera respuesta estatal que no recaiga en los hombros del pueblo trabajador.